En un año plagado de promesas incumplidas y una creciente desconfianza ciudadana, los ministerios de Cultura y Deportes, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) han destacado no por sus logros, sino por su lamentable desempeño presupuestario. Con tasas de ejecución que promedian el 70%, estas carteras se han convertido en un reflejo preocupante de la incapacidad administrativa que define al actual gobierno.
Cifras que indignan
Según los datos oficiales, el CIV ejecutó apenas el 69.6% de su presupuesto vigente de Q6,042 millones, mientras que el MAGA y Cultura también quedaron rezagados con porcentajes por debajo del promedio nacional del 88%. Esto, a pesar de haber recibido ampliaciones presupuestarias que supuestamente buscaban impulsar proyectos clave.
¿Cómo se explica que en un país donde las carreteras se desmoronan, los agricultores claman por apoyo y la cultura languidece, los recursos asignados no se utilicen? La respuesta radica en un sistema colapsado por la falta de planificación, el burocratismo y, en algunos casos, una negligencia que raya en lo criminal.
El precio de la inacción
La ineficiencia no es solo un problema administrativo; es una sentencia para millones de guatemaltecos. En el MAGA, la baja ejecución significa que programas esenciales para combatir la desnutrición y apoyar a los pequeños agricultores simplemente no se llevaron a cabo. En el CIV, carreteras vitales permanecieron en ruinas, afectando el comercio y aislando comunidades. En Cultura, la falta de inversión perpetúa el abandono de nuestro patrimonio y limita las oportunidades para los artistas y jóvenes.
El discurso que no convence
Desde el Ejecutivo se defienden argumentando que la ejecución mejoró levemente respecto al año pasado. Sin embargo, esta narrativa no convence cuando los problemas estructurales persisten. ¿De qué sirve ejecutar un presupuesto si no se traduce en mejoras tangibles para la población?
Responsabilidad y soluciones
La crisis de ejecución presupuestaria no es un accidente; es el resultado de una gestión pública que prioriza la apariencia sobre el impacto. Los ministerios deben ser sometidos a un escrutinio riguroso, y sus autoridades deben rendir cuentas. Además, es urgente reformar los procesos administrativos para reducir la burocracia y garantizar que los fondos lleguen a donde más se necesitan.
La factura política
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el gobierno enfrenta un dilema: corregir el rumbo o aceptar las consecuencias en las urnas. Los guatemaltecos merecen un liderazgo que administre con eficiencia y transparencia, no un elenco de excusas y promesas vacías.
En un país donde cada quetzal cuenta, la inejecución presupuestaria es más que un fallo técnico; es una traición al mandato popular. La historia juzgará severamente a quienes, teniendo los recursos, decidieron no actuar. Por ahora, queda en manos de la ciudadanía exigir cambios reales y recordar que la indiferencia también tiene un costo.
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