A partir de enero de 2025, miles de familias guatemaltecas enfrentarán un nuevo golpe a su ya precaria economía doméstica. El gobierno ha decidido eliminar el subsidio extraordinario de energía eléctrica para usuarios con consumos entre 89 y 100 kWh al mes, dejando a más de 175 mil hogares con la obligación de pagar la tarifa plena. Esta medida, que podría parecer un simple ajuste administrativo, tiene implicaciones devastadoras para los sectores más vulnerables del país.
Un Contexto de Crisis
El subsidio, introducido en junio de 2024 con un presupuesto de Q135 millones provenientes del excedente del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), estaba diseñado como un alivio temporal para las familias ante el aumento del costo de la energía. Sin embargo, su carácter transitorio y la falta de una estrategia sostenible han resultado en una solución ineficaz y de corta duración. Ahora, los usuarios afectados enfrentarán un aumento en sus facturas de entre Q75 y Q80 mensuales, una carga que para muchas familias podría significar la diferencia entre cubrir sus necesidades básicas o no.
Una Política Desarticulada
La decisión de no renovar el subsidio revela una desconexión preocupante entre las políticas gubernamentales y las realidades de la mayoría de los guatemaltecos. Mientras los precios de los productos básicos y servicios continúan en aumento, el gobierno ha optado por retirar un apoyo crítico sin ofrecer alternativas viables. Además, la reducción del 15% en el subsidio para usuarios con consumos de 61 a 88 kWh afecta a 379 mil hogares adicionales, incrementando la brecha entre las políticas públicas y las necesidades reales de la población.
El Papel del Estado: Ausente y Reactivo
El Instituto Nacional de Electrificación (Inde), que ha financiado parcialmente la Tarifa Social, solicitó Q950 millones para 2025, pero el Congreso solo aprobó Q501 millones, dejando un vacío que amenaza la continuidad de los programas de electrificación rural y subsidios. Esta falta de apoyo refleja una visión de corto plazo que ignora la importancia de garantizar acceso asequible a energía eléctrica, una necesidad básica en cualquier sociedad moderna.
La Economía Doméstica, La Más Afectada
Para las familias que viven al día, un incremento de Q80 puede parecer pequeño desde la perspectiva gubernamental, pero representa un sacrificio significativo. Este aumento impacta no solo en la factura eléctrica, sino también en la capacidad de las familias para invertir en educación, salud y alimentación. Además, sin una política energética sostenible, los consumidores se ven atrapados en un ciclo de dependencia de servicios costosos sin alternativas reales.
La Necesidad de una Política Energética Integral
Es urgente que el gobierno y las instituciones relacionadas desarrollen una estrategia energética que vaya más allá de medidas temporales. Esto incluye la promoción de fuentes de energía renovable, la modernización de la infraestructura eléctrica y la implementación de programas de educación y eficiencia energética. Sin un enfoque integral, las decisiones aisladas como la eliminación del subsidio solo perpetúan las desigualdades y limitan el desarrollo del país.
La Energía Eléctrica: Un Derecho, No un Lujo
La energía eléctrica es una necesidad fundamental, no un privilegio. Su acceso debe ser garantizado por el Estado, especialmente para los sectores más vulnerables. La eliminación de subsidios sin alternativas claras representa un retroceso en los esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cuántas familias más deben sacrificar su bienestar antes de que las autoridades actúen con responsabilidad y compromiso?
Es hora de replantear las prioridades y de implementar políticas que reflejen una visión a largo plazo. Solo así podremos construir un futuro más justo y sostenible para todos los guatemaltecos.
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