El paso a desnivel frente a los Tribunales en Quetzaltenango, anunciado como una solución para aliviar el caótico tráfico de la ciudad y conectar eficientemente con departamentos como San Marcos y Totonicapán, se ha convertido en un símbolo más de las obras públicas mal planificadas y perpetuamente inconclusas de Guatemala. Este proyecto, que debía estar terminado en 12 meses tras su inicio en 2022, aún está lejos de completarse, dejando una estela de frustración entre los quetzaltecos y usuarios de la vía.
De solución prometida a problema prolongado
Con un presupuesto inicial de Q78.3 millones, el paso a desnivel fue adjudicado en 2022 a la empresa Edifika. Sin embargo, apenas alcanzó un avance físico del 15.9% antes de ser paralizado en septiembre de 2023 debido a problemas financieros y administrativos. Esta interrupción no solo evidenció la falta de planificación y control por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sino que también dejó claro que el proyecto nunca fue tratado con la seriedad que merece una obra de tal envergadura.
La reactivación de los trabajos en 2024 fue recibida con escepticismo, y con razón. Hasta ahora, solo se han habilitado dos de los cuatro carriles planificados, y la nueva fecha de finalización se ha extendido hasta agosto de 2025. Esto significa que una obra prometida como urgente y necesaria tardará más del doble del tiempo inicialmente estipulado.
Impacto en la población: ¿Dónde está la solución?
Lejos de ser un alivio, la construcción del paso a desnivel ha causado un caos vehicular prolongado en Quetzaltenango. Las rutas alternas implementadas por el CIV no han sido suficientes para mitigar los efectos del congestionamiento, afectando tanto a los residentes locales como a los transportistas que usan la vía para el comercio interdepartamental.
El retraso en la obra también tiene un impacto económico significativo. Los tiempos de transporte más largos incrementan los costos logísticos para los comerciantes, mientras que los usuarios enfrentan desgaste adicional en sus vehículos y en su paciencia. La frustración es palpable, especialmente porque los ciudadanos saben que el dinero para esta obra ya ha sido asignado y, sin embargo, los resultados siguen siendo mínimos.
¿Transparencia? Brilla por su ausencia
Como ocurre con tantas obras públicas en Guatemala, la transparencia en la ejecución del paso a desnivel de Tribunales ha sido prácticamente nula. Los problemas financieros y administrativos que llevaron a la suspensión inicial de la obra nunca fueron explicados con claridad por las autoridades, dejando a la población con más preguntas que respuestas.
La reactivación del proyecto en 2024 tampoco ha estado exenta de dudas. ¿Por qué no se implementaron medidas de control más estrictas para garantizar el cumplimiento del cronograma? ¿Qué garantías hay de que esta vez se completará la obra sin más retrasos? La falta de comunicación y de rendición de cuentas alimenta la desconfianza en un sistema que parece diseñado para fallar.
¿Un proyecto necesario o un elefante blanco?
No cabe duda de que el paso a desnivel es necesario para mejorar la movilidad en Quetzaltenango. Sin embargo, su ejecución desastrosa lo ha convertido en un ejemplo más de cómo las obras públicas en Guatemala terminan siendo monumentos al despilfarro y la incompetencia.
El problema no es solo que el proyecto esté retrasado, sino que refleja un patrón recurrente: la incapacidad de las autoridades para planificar, gestionar y ejecutar proyectos de infraestructura de manera eficiente. Esto no solo afecta a Quetzaltenango, sino al desarrollo del país en su conjunto.
Conclusión: Exigir resultados, no promesas
El paso a desnivel de Tribunales debería ser una prioridad nacional. Su finalización no solo aliviará el tráfico en una de las rutas más importantes de Quetzaltenango, sino que también será un paso hacia la modernización de la infraestructura vial en el país. Sin embargo, para que esto ocurra, es imprescindible que las autoridades actúen con transparencia, compromiso y un sentido de urgencia que hasta ahora ha estado ausente.
Los quetzaltecos merecen más que promesas vacías. Merecen resultados. Y es responsabilidad de todos exigir que las autoridades cumplan con su deber, no solo en este proyecto, sino en cada obra pública que debería estar al servicio del pueblo, no de intereses particulares. El paso a desnivel de Tribunales no puede seguir siendo otro ejemplo más de cómo las promesas del gobierno se quedan, literalmente, atrapadas en el tráfico de la incompetencia.
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