El gasto de Q7.7 millones en celebraciones navideñas por parte de 43 instituciones públicas en Guatemala ha encendido las alarmas. En un país donde el acceso a servicios básicos como salud, educación e infraestructura sigue siendo un desafío, esta cifra sugiere una preocupante desconexión entre las prioridades ciudadanas y las decisiones gubernamentales.
Las compras incluyeron desde decoraciones festivas hasta banquetes y eventos sociales, elementos que, aunque comprensibles en contextos privados, resultan difíciles de justificar cuando se trata de recursos públicos. Un ejemplo polémico fue el del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que gastó más de medio millón de quetzales para celebrar su aniversario, incluyendo conciertos, comida y alquiler de salones.
El debate no gira únicamente en torno al monto gastado, sino al mensaje que envía. En una economía donde miles de familias guatemaltecas luchan por satisfacer necesidades básicas, el uso de fondos estatales para festividades refleja una insensibilidad institucional que raya en lo irresponsable.
La Prioridad Cuestionada
Mientras hospitales reportan falta de medicamentos esenciales, escuelas rurales operan sin materiales educativos y carreteras se desmoronan por falta de mantenimiento, el gasto navideño resalta como un símbolo de prioridades desalineadas. Las instituciones públicas no solo deben cumplir con sus obligaciones legales, sino también con su responsabilidad ética hacia una población que depende de sus servicios.
Transparencia y Responsabilidad
El problema no se limita al gasto en sí, sino a la falta de transparencia y supervisión que lo rodea. ¿Qué criterios se usaron para decidir estos gastos? ¿Qué impacto tangible tienen en el bienestar de los ciudadanos? Sin respuestas claras, estas acciones erosionan la confianza pública en un sistema ya marcado por la corrupción y el despilfarro.
Una Alternativa Viable
La crítica no implica eliminar toda manifestación de espíritu navideño en las instituciones. Se trata de un llamado a la moderación y al uso responsable de los recursos. Las celebraciones pueden mantenerse, pero deben ser austeras y enfocarse en promover valores comunitarios y solidarios, sin desviar fondos esenciales para otras áreas.
Conclusión
El gasto de Q7.7 millones en festejos navideños no solo es un reflejo de las prioridades mal enfocadas del aparato estatal, sino también una oportunidad para exigir un cambio. Los ciudadanos tienen derecho a pedir cuentas y a demandar que cada quetzal gastado beneficie directamente a quienes más lo necesitan. La Navidad debe ser una época de esperanza, pero no puede convertirse en una excusa para el despilfarro y la opulencia en un país que necesita más acciones concretas y menos adornos.
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