En marzo de 2024, el diputado Samuel Pérez denunció la construcción de un «búnker» en el despacho presidencial del Congreso, autorizado por el expresidente del Legislativo, Allan Rodríguez, sin los permisos necesarios para intervenir un edificio declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
A pesar de la gravedad de la denuncia, el Ministerio Público (MP), bajo la dirección de la Fiscal General María Consuelo Porras, no ha mostrado avances significativos en la investigación. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, a cargo de Ángel Saúl Sánchez, no ha solicitado el retiro de inmunidad de Rodríguez ni ha presentado resultados concretos sobre el caso.
Esta inacción contrasta con la celeridad mostrada por la misma fiscalía en casos contra opositores políticos, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y eficacia del MP en la persecución de delitos que involucran a figuras cercanas al poder.
La construcción del «búnker» en un edificio con categoría patrimonial «A» y declarado monumento en 1978, sin la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Nación, representa una violación a las leyes de protección del patrimonio. Sin embargo, la falta de avances en la investigación refleja una preocupante indiferencia institucional ante la protección de nuestro legado cultural.
La ciudadanía merece una justicia imparcial y efectiva que no distinga entre ciudadanos de a pie y figuras políticas influyentes. La inacción en este caso no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también sienta un peligroso precedente de impunidad para quienes ostentan el poder.
Es imperativo que el MP actúe con diligencia y transparencia en la investigación de este caso, demostrando su compromiso con la justicia y la legalidad, independientemente de las conexiones políticas de los implicados. Solo así se podrá restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio nacional.
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